Análisis sobre la aplicación de la Ley 1116 del 2006, en la ciudad de Tuluá, año 2011

Abstract

El Régimen de los procesos concursales en Colombia, tuvo que pasar por una serie de cambios, realizados en la estructura judicial. Debido a las dificultades que presentaban estos procedimientos en relación con la agilidad y eficacia para la pronta recuperación de las empresas, así como de la protección de los derechos, especialmente de los acreedores, a finales del año 2002 el Gobierno se pronunció, presentado un anteproyecto, diseñado para cambiar el esquema y reemplazar las leyes que se encontraban en vigencia para este proceso, entre las que se destacaban la Ley 222 de 1995 y la Ley 550 de 1999. Mediante la Ley 1116 de 2006, se establece el “Régimen de insolvencia empresarial” en nuestro País, como un mecanismo de protección en las relaciones comerciales y patrimoniales, la cual incluye sanciones para aquellas conductas que intenten obstaculizar el fin propuesto por la Ley. La ley de insolvencia empresarial tiene como objetivo principal la protección a los créditos, la recuperación y la conservación de la empresa o actividad económica, como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. Esta Ley, se ha considerado como un mecanismo empleado para corregir los errores y los perjuicios causados por la inoperancia en la aplicabilidad de la Ley 222 de 1995 y Ley 550 de 1999, derogadas por esta misma, pero que aún se siguen aplicando a los procesos que se encontraban en curso. Teniendo en cuenta estas consideraciones, decidimos enfocar nuestra monografía al análisis de la aplicación y efectividad que han tenido estos procesos en los estrados judiciales de la Ciudad de Tuluá, iniciados por comerciantes que han caído en una situación de insolvencia económica.