Alcances de la reparación de víctimas de las bandas criminales

Abstract

Las Bandas criminales (BACRIM): La conformación de estas agrupaciones se dieron a finales de 2006, después de que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pactaran un proceso de desmovilización durante el mandato del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.1 El 15 de agosto de 2006 se desmovilizaron 31. 671 combatientes, según un reporte de la alta consejería presidencial. Sin embargo, luego de culminar con todo el proceso, varios ex-integrantes de este grupo se rearmaron nuevamente, por lo que empezó una nueva oleada de delincuencia común. La estructuración de estos grupos se dio por los efectos económicos favorables del narcotráfico.2 Las cuales fueron avanzando y se han extendido a gran parte del país, haciendo presencia en diferentes Municipios, algunas de estas agrupaciones se identifican como “los rastrojos”, “el clan Úsuga”, “Los Paisas” o “La Empresa”, entre otros. Sus accionares: el ataque, la extorsión y el secuestro a la población civil y miembros de la fuerza pública. Otras de sus actividades son el reclutamiento forzado de menores de edad y el impuesto revolucionario, extorsión que busca la intimidación y el desembolso de dinero por parte de comerciantes, empresarios y en ocasiones, a compañías y empresas de diferentes sectores. La propuesta de inclusión de las víctimas de las bandas criminales (Bacrim) en la iniciativa legislativa, debe contemplar a todas las víctimas de los grupos armados ilegales, esta propuesta, que en un principio crea una sensación favorable en cuanto a la igualdad respecto de las víctimas de las diversas formas de violencia existentes en Colombia, no puede ser introducida sin antes evaluar, al menos, dos aspectos: la naturaleza de la ley de víctimas y el segundo el carácter de las „Bacrim‟ respecto del Derecho Internacional Humanitario. Si bien se sabe que la ley 1448 de 2011, trata de las “víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”, los artículos 1° y 4° definen el objeto y quiénes son víctimas, respectivamente, reducen el panorama al indicar que la ley se produce en el marco de la justicia transicional y que “no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un menoscabo en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común”3. A pesar de los grandes esfuerzos que hace Colombia en reparación a las víctimas, éstas de alguna forma son temerosas en cuanto a los tiempos, los montos y las políticas locales; ya que después de entrada en vigencia de esta ley se ven reflejadas tres dificultades que ensombrecen sus logros: los titubeos en la aceptación de las víctimas de las bandas criminales como parte de las personas a reparar; el abismo que hay entre el dinero que se entrega por reparación administrativa a las víctimas de guerrilla y paramilitarismo y los montos que contemplan los fallos judiciales; y el temor de que los nuevos alcaldes y gobernadores le saquen el cuerpo al tema. Adicional a esto las víctimas de la guerra entre el 1 de enero 1985 y el 10 de junio de 2011 se les definió un plazo para registrarse como víctima del conflicto armado y como víctima de Bandas Criminales de acuerdo con la Ley 1448 (de Víctimas). Ese plazo debería ampliarse ya que la gente todavía no se atreve a denunciar debido al temor de las actividades hostiles o al desconocimiento de la ley y sus beneficios, muchas víctimas no saben que lo son, Creen que sólo victimizan a los que matan, torturan o secuestran.4 A partir de Mayo de 2016, las bandas criminales pasan a ser llamadas por el gobierno colombiano como Grupos Armados Organizados (GAO) mediante la Directiva 015 del Ministerio de Defensa Nacional, dando facultades a las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) para combatir estos grupos como si fueran insurgentes, incluyendo bombardeos a campamentos de estas organizaciones. 5 Anteriormente, el combate a estos grupos criminales era exclusivo de la Policía Nacional.