Análisis de las competencias y funciones de la Fiscalía General de la Nación conforme al nuevo procedimiento penal especial abreviado- ley 1826 de 2017

Abstract

El procedimiento penal especial abreviado regulado por la Ley 1826 de 2017, incluye grandes cambios en el procedimiento penal, creada con el fin de agilizar el funcionamiento de la administración de justicia en la jurisdicción penal. “Las dificultades para formular denuncias y la parsimonia de las investigaciones, en especial cuando se refieren a delitos “pequeños”, como hurtos de baja cuantía o lesiones personales con incapacidades leves, han llevado a que cerca del 75 % de quienes son víctimas de ellos no los denuncien; eso no solamente genera impunidad, sino, lo que es peor, aumenta los casos de aplicación de justicia por mano propia, como se ha venido apreciando en los últimos tiempos”8 . La norma es aplicable a algunos delitos querellables, hurto, lesiones personales, la inasistencia alimentaria, la estafa, el daño en cosa ajena, al abuso de confianza, la calumnia y la injuria, que representan cerca del 70 % de los casos que llegan a conocimiento de la Fiscalía9 . Además, incluye la figura del “Acusador Privado”, el cual reemplazara al fiscal, con algunas limitaciones, con el fin de que la carga laboral de la fiscalía disminuya y se aumente la posibilidad de llevar más casos a la justicia. Es por ello que las competencias y las funciones de la Fiscalía en el desarrollo del proceso penal especial abreviado son modificadas y su intervención se condiciona a los delitos y a la intervención o no del acusador privado, decisión que depende de la voluntad de la victima de actuar como acusador privado y de la autorización del fiscal10 . Esta monografía analiza principalmente los cambios procesales, los cambios en las competencias y funciones de la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal especial abreviado, las funciones que podrá delegar en el Acusador Privado y la efectividad en la descongestión actual del sistema penal