Pertinencia de la inclusión del narcotráfico como conexo a los delitos políticos en el marco del proceso de paz colombiano con las FARC-EP

Abstract

El proceso de paz que vive Colombia en la actualidad, ha de ofrecer un aspecto fundamental: acuerdos entre las partes que lleguen a un escenario de paz estable y duradera. Entre esos acuerdos, se considera como de vital importancia lo que tiene que ver con el sometimiento a la justicia de los actores del conflicto o ex-combatientes, pues resulta lógico que las penas a imponerse deben contener disposiciones alternativas y no las taxativas y severas presentes en la legislación penal, lo que a la postre permitirá una efectiva desmovilización de las tropas armadas al margen de la ley. Lo anterior es de vital importancia en la medida que todo el pueblo colombiano ha sufrido los embates de uno de los conflictos armados internos más antiguos del mundo y aunque pide justicia, también solicita a gritos un proceso de paz que conlleve a que sea estable y duradera. Es evidente que todo ello genera una grave problemática a nivel gubernamental, en virtud de la obligatoriedad con la que queda el gobierno nacional de llevar a buen puerto el proceso de paz sin que exista impunidad, cuestión por demás complicada en el escenario colombiano, toda vez que no puede reputarse que los miembros de las FARC-EP han ejercido con exclusividad delitos de carácter político, sino que se han valido de prácticas propias del terrorismo para financiar y soportar toda la infraestructura requerida para sus propios fines. Dado ello, el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, en diciembre de 2014, le propuso al país que se considerara al narcotráfico como un delito conexo con los delitos políticos, permitiendo la existencia de beneficios jurídicos para los miembros del mencionado grupo 6 guerrillero y lograr aminorar las consecuencias punitivas que el tráfico de estupefacientes trae consigo, esgrimiéndose como argumento principal, que el narcotráfico ha servido como medio de financiación y soporte de las actuaciones de las FARC-EP como grupo guerrillero y beligerante. Desde otra orilla argumentativa, Colombia es un Estado que se ha responsabilizado por la lucha contra el narcotráfico en la región, entre otras cosas, porque ha sido uno de los más afectado por el mismo. Resulta gravemente confuso que se pretenda aceptar al narcotráfico como un delito conexo con los delitos políticos, así se quiera entender desde una perspectiva meramente económica, en la medida que sería abrirle la puerta a que más grupos narcoterroristas, cuyo origen en nada se parece al de las FARC, le exigieran al gobierno de turno la consideración del narcotráfico como delito conexo y obtengan beneficios. Todo ello debilitaría el régimen constitucional y legal colombiano. Por otra parte, el hecho que en Colombia se considere que el narcotráfico es delito conexo, no significa que en otras latitudes, con las que se tienen acuerdos de extradición, se acepte esta reducción y no pretendan la judicialización. No obstante, aceptar al narcotráfico como delito conexo, ocasionaría un fuerte impacto en las víctimas de los actos delincuenciales de las FARC con ocasión de sus actividades narcotraficantes. Además de generarse un fuerte impacto desde lo jurídico – político.