La prueba como derecho fundamental y sus limitaciones tras la inclusión del Sistema Penal Acusatorio Colombiano- ley 906 de 2004

Abstract

Desde las sociedades antiguas, se ha buscado la realización de la tutela judicial efectiva como valor supremo, lo anterior, a partir de elementos que permitan demostrar ante los administradores de justicia la existencia del derecho que se reclama, siendo esa la finalidad de la prueba. En materia penal, para que se profiera sentencia condenatoria, se requiere de pruebas convincentes que permitan alcanzar certeza, lo anterior, porque a partir del principio del Indubio Pro Reo toda duda se resolverá en favor del sujeto pasivo de la acción penal. En Colombia, el proceso penal en materia probatoria ha sufrido cambios, desde la concepción que se traía con la ley 600 de 2000, hasta la expedición de la Ley 906 de 2004, donde se destaca la prohibición de las pruebas de oficio, a partir de un esquema de confrontación acusatorio, constituyéndose así, un espacio de confrontación entre su teleología y su práctica probatoria, que alejan principalmente la posibilidad de alcanzar la verdad como fin del proceso penal, a partir de limitantes que se evidenciaran en el curso de esta investigación. Aunque con la expedición del acto legislativo número 03 del año 2002, se propendió por reivindicar el papel de la víctima en el proceso penal colombiano, los esfuerzos del legislador no se muestran suficientes para que estas alcancen sentimientos de justicia material, a partir de la verdad, pues encuentra limitaciones en la etapa del juicio oral, que no le permiten participar de la dinámica propia del proceso, máxime que como luego se evidenciará, hoy el juez se encuentra maniatado para brindarle a la víctimas, la verdad y la justicia que reclaman. Esta investigación asumió una perspectiva cualitativa, donde la principal técnica fue el análisis de jurisprudencia y doctrina, y se desarrollaron una serie de entrevistas semiestructuradas con la participación de los jueces penales de conocimiento de los circuitos de las ciudades de Buga y Tuluá. Un primer momento, estudió el origen del derecho a la prueba y su tendencia actual, a partir de los cambios probatorios presentados con la expedición de la ley 906 de 2004; luego, se analizaron las constantes limitaciones a que se ve sometida la sociedad, para el ejercicio del derecho a la prueba en el proceso penal colombiano; y finalmente, se explica dicha limitación respecto de las víctimas, ante la expedición del nuevo Código Procesal Penal.