Los falsos testigos en el sistema penal acusatorio en el municipio de Guadalajara de Buga

Abstract

Cuando sucede un hecho delictivo que reviste una investigación, debe probarse éste con los medios a disposición, para así tener el pleno conocimiento de que existió de una determinada manera y no de otra. Así, la palabra prueba está dirigida bien sea en su significado común o en la acepción procesal a establecer la verdad. Y entre los medios para llegar a la verdad se encuentra el testimonio de testigos del suceso para esclarecerlo. En este orden de ideas, en Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha reconocido públicamente un cartel de falsos testigos, con una cifra aproximada de 3.500, una cantidad bastante alta que perjudica la credibilidad de la justicia no sólo a nivel nacional sino también internacional. A las víctimas de estos falsos testigos se les vulnera entre otros derechos, el derecho fundamental al debido proceso, contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, puesto que el operador judicial se ve obligado a retardar en muchos casos el desarrollo del proceso, ya que debe decretar nulidades paralizándolo y beneficiando de esta manera en muchas ocasiones al victimario. A pesar del castigo de prisión de seis a doce años contemplado en el artículo 8º de la Ley 890 de 2004 sobre el falso testimonio, este delito se torna recurrente debido en opinión de algunos por la figura jurídica del “principio de oportunidad” y la “Ley de Justicia y Paz”, a las cuales los acusados se acogen para buscar rebajas de penas y para conseguir este propósito, entonces, utilizan las calumnias y las mentiras contra personas inocentes que son llevadas a prisión. En consonancia con lo anterior, muchas de las víctimas proceden a demandar al Estado, lo que según un Informe de la Defensa Judicial de la Fiscalía General de la Nación, “hasta marzo del 2012 en el país hubo reclamaciones por un valor de $26,8 billones, de los cuales 9,7 billones hacen parte de las acciones referentes a la privación de la libertad.