La reparación para las victimas de la masacre de Trujillo - Valle del Cauca y la Ley de víctimas y restitución de tierras

Abstract

En el departamento del Valle del Cauca, en el norte se encuentra el municipio de Trujillo, que ha vivido una violencia continua durante mucho tiempo, sobre todo representada en la que se conoce como la masacre de trujillo, en la hubo homicidio, torturas, desapariciones forzadas que llevaron desplazamiento y destierro de los pobladores de numerosas veredas, la destrucción de familias enteras, entre otras situaciones. Así entre 1988 y 1994 en los municpios de Trujillo, conjuntamente con Bolivar y Rio Frío de acuerdo con familiares y organizaciones humanitarias se regisgraron 342 victimas de homicidio, tortura y desaparición forzada conformando una cadena de crímenes larga, llegando a su punto más alto cuando se presentaron las desapariciones de la vereda la sonora, de los ebanistas, el asesinato del padre Tiberio Fernández Mafla y la desaparición de sus acompañantes, que ocurrieron entre marzo y abril de 1990. Asímismo en esta masacre participaron varios actores que participan del conflicto armado colombiano entre ellos: Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cartel de la droga, grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Policiía y el Ejército de Colombia; ademá, algunos grupos políticos locales y regionales, provocando que el terror se apoderara de las comunidades mencionadas. Han transcurrido mas de 20 años de la realización de estos sucesos y los familiares consideran que ha reinado la impunidad para hacer justicia con respecto a las víctimas. Ahora bien, el Gobierno Nacional expidió una nueva Ley de Víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de junio 10 de 2011) en la que se aceptan los reclamos de las personas que hallan sido afectadas a partir de 1985 y hasta el año 2021 reconociendo estos reclamos sin importar quien fué el agresor, es decir, si fue guerrilla, palamiritares o tropas del gobierno. Tambinén esta Ley exige la restitución de 2.8 millones de hectáreas a campesinos a quienes los grupos armados les quitaron sus tierras, lo que ha provocado grandes controversias y desde ya muchos auguran que las autoridades y defensores de las victimas tendrán que batallar con montones de títulos de tierras falsificados y con muchisimas amenazas.