Consecuencias jurídicas y violaciones a los derechos humanos que dejó el estallido social del 28 de abril de 2021 en los municipios de Buga y Tuluá

Abstract

El 28 de abril del 2021 fue sin duda un día crucial en la historia de Colombia, fue la fecha en que se dio inicio a múltiples manifestaciones en todo el país; millones de personas salieron a las calles a expresar su descontento con las políticas económicas y sociales impulsadas por el gobierno del presidente Iván Duque y en especial, con el anuncio de un nuevo proyecto de ley que expedía una reforma tributaria. Los municipios de Buga y Tuluá pertenecientes al Valle del Cauca fueron sede de múltiples manifestaciones, bloqueos de vías, enfrentamientos, persecuciones, vandalismo y atropellos de la fuerza pública durante los días del paro. Ante esta problemática, el presente artículo pretendió a partir de una investigación de tipo descriptiva y socio jurídica, dar a conocer el grado de afectación jurídica que el paro nacional dejó en estos municipios, exponer desde una esfera objetiva las presuntas violaciones contra la fuerza pública y manifestantes, y realizar un análisis crítico a partir de un espacio de reflexión de la situación actual y de lo que se viene tras el estallido social que tuvo lugar en nuestro país. Como resultado, se encontró que durante el desenvolvimiento de lo que fue el estallido social del 28 de abril de 2021 tuvieron múltiples repercusiones jurídicas y sociales; entre las que se puede destacar el cambio de perspectiva del impacto de la protesta social, los millonarios daños que se ocasiono al comercio como resultado de la vandalización de varios establecimientos comerciales, y la desafortunada quema al palacio de justicia de Tuluá, además de la vulneracion de multiples derechos fundamentales.