Análisis de las reformas Constitucionales que afectan el Derecho Administrativo

Abstract

La Constitución Política de 1991 es la norma marco de todo el ordenamiento y sistema jurídico colombiano, en este orden de ideas toda norma, decisión y actuación que se dicte o realice dentro del Estado debe respetar los derechos fundamentales que consagra, sin embargo, su texto también puede ser objeto de modificaciones o reformas, tal cual lo estable su art. 374, en aras a lograr coherencia y responder de fondo ante las diferentes problemáticas sociales que se presenten. Siempre y cuando se respete y garantice el reconocimiento de los principios y fines esenciales del Estado social de derecho, preceptos establecidos por la teoría neo constitucional dentro de la cual el juez ocupa un lugar protagónico, respecto al control y fuente de derecho que ejerce, para el caso de Colombia es ejercido por la Corte Constitucional. Situación que se puede evidenciar en la practica desde los diferentes pronunciamientos emitidos por el alto tribunal, en virtud de los cuales se insta a las ramas judicial y ejecutiva del poder público para que legisle o regulen ciertas situaciones que lo ameritan, dada la vulnerabilidad de derechos humanos o el olvido estatal al que se han tenido ciertas comunidades, tal es el caso de los campesinos colombianos que tras una larga línea jurisprudencial constitucional, emitida desde 1995, que se mantuvo y evolucionó progresivamente, el legislador entendió la necesidad de pronunciarse al respecto, de tal manera que en 2023 se adopto el Acto Legislativo 01, mediante el cual se reconoció como sujetos de especial protección constitucional a los campesinos, y con ello sus derechos y necesidades con enfoque diferencial, respecto a las cuales se le ordeno al Estado, desde el administrativo, dar respuestas de fondo a sus necesidades, de tal manera que se deberán adoptar una serie de políticas públicas y estrategias al respecto.