Actuación del Estado en el delito de transferencia no consentida de activos en Colombia, periodo 2020-2023

Abstract

La globalización y las nuevas tecnologías han impulsado el desarrollo en diversos ámbitos, pero también han generado nuevos delitos, como los ciberdelitos, que afectan a individuos, empresas y la seguridad estatal. La investigación se enfoca en la transferencia no consentida de activos en Colombia entre 2020 y 2023, analizando la respuesta del Estado a este delito pluriofensivo que puede desestabilizar a un Estado. Se utiliza una metodología cualitativa e interpretativista con fuentes primarias y secundarias. La transferencia no consentida de activos implica la manipulación automatizada de datos, activos y derechos con valor monetario. En el contexto de mayor uso de tecnologías, se analizan los ciberdelitos relacionados con el uso indebido de datos. Se resalta la necesidad de innovaciones legales y tecnológicas para mejorar la respuesta estatal y prevenir estos delitos. El texto enfatiza que, en la era de la inteligencia artificial, la vulnerabilidad a ciberataques aumenta, requiriendo organismos especializados y bien equipados. La investigación busca ofrecer una visión crítica del abordaje jurídico colombiano y proponer soluciones jurídicas significativas. La falta de conciencia sobre la cibercriminalidad hace a las víctimas más vulnerables, y la creciente ciberdelincuencia requiere parámetros uniformes del Estado para prevenir y sancionar estos delitos. Se destaca la importancia de estar a la vanguardia de los problemas sociales y tecnológicos, desarrollando métodos en criminología informática. El estudio analiza el ordenamiento jurídico colombiano y sus falencias frente al aumento de conductas delictivas en el ciberespacio. Se abordan los antecedentes del delito en el contexto de la globalización y digitalización, destacando la vulnerabilidad de sistemas informáticos y la computación en la nube a ataques cibernéticos. La cibercriminalidad ha evolucionado, permitiendo daños significativos sin agresiones físicas, como la manipulación o eliminación de información para perjudicar reputaciones o sabotear sistemas. Los gobiernos reconocen el aumento de amenazas cibernéticas, adoptando leyes y controles más rigurosos. La normativa punitiva dirigida a fraudes informáticos es un avance significativo, pero aún insuficiente para enfrentar la impunidad. La Ley 1273 de 2009 en Colombia amplió la protección legal contra delitos cibernéticos, integrando aspectos sociales y tecnológicos en la política criminal del Estado. La transición a la modalidad virtual durante la pandemia benefició a algunos y complicó a otros, aumentando los delitos informáticos y subrayando la necesidad de fortalecer las políticas criminales del Estado.