Responsabilidad del Estado frente a los daños padecidos por las víctimas en el incendio de la cárcel y penitenciaría de media seguridad del municipio de Tuluá el día 28 de junio de 2022

Abstract

El 28 de junio de 2022, un incendio en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad del municipio de Tuluá (Valle del Cauca) dejó un saldo de 56 personas fallecidas y más de 22 heridas, revelando graves fallas estructurales, de seguridad y de respuesta institucional dentro del sistema penitenciario colombiano. Este trabajo de grado tiene como objetivo determinar la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano frente a los daños sufridos por las víctimas, bajo el entendido de que el Estado es garante de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad. La investigación se desarrolló con un enfoque investigación socio jurídica que parte de la implementación de un enfoque cualitativo de alcance descriptivo con un diseño no experimental; en el que se utilizan como instrumentos de investigación la revisión documental y el análisis de contenido, mediante el estudio normativo, doctrinal y de precedentes judiciales, principalmente del Consejo de Estado, tomando como base el artículo 90 de la Constitución Política. Se examinaron los elementos que configuran la responsabilidad extracontractual del Estado —daño antijurídico, nexo causal, imputación y posición de garante—, concluyendo que la tragedia no fue un hecho fortuito, sino el resultado de omisiones graves por parte del INPEC, asociadas a deficiencias en la infraestructura, fallas en los controles de seguridad y una reacción institucional ineficaz. En virtud de ello, se estableció que el régimen aplicable es el objetivo por daño especial, dado que las víctimas padecieron un sacrificio individual excesivo en un contexto de sujeción reforzada, sin necesidad de probar culpa o dolo estatal. Este enfoque se sustenta en la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas y en la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad. 4 Finalmente, se recomienda impulsar una reforma integral del sistema penitenciario que contemple mejoras estructurales, fortalecimiento de protocolos de seguridad, capacitación del personal en derechos humanos y mecanismos de control independientes, así como medidas de reparación integral y garantías de no repetición. Solo a través de un enfoque garantista, el Estado podrá cumplir efectivamente con su deber de protección y evitar que hechos como los ocurridos en Tuluá se repitan, reafirmando así su responsabilidad jurídica y moral frente a esta población especialmente vulnerable.