La ponderación entre el derecho al trabajo de los vendedores informales y la protección del espacio público en el marco de aplicación de las medidas correctivas de la Ley 1801 de 2016

Abstract

Esta investigación analiza la tensión sociojurídica entre la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el precedente de la Corte Constitucional sobre el uso del espacio público por parte de vendedores informales. El estudio aborda la colisión del deber de las autoridades de proteger el espacio público con su obligación de garantizar derechos fundamentales como el trabajo, el mínimo vital y la dignidad humana. Asimismo, se examina si las autoridades administrativas aplican el precedente judicial como un marco normativo vinculante. Se empleó una metodología sociojurídica con un enfoque cualitativo para comprender este fenómeno social. El análisis se centró en la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la confianza legítima y los límites al poder de policía. Posteriormente, este marco doctrinal y legal se contrastó con la práctica administrativa del Municipio de Tuluá para examinar la aplicación real de la norma. El principal hallazgo es la brecha significativa que existe entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional —que busca armonizar la ley con la realidad social desde una perspectiva garantista— y las actuaciones concretas de las autoridades en el municipio de Tuluá. Se concluye que, a pesar del desarrollo jurisprudencial que exige proteger la dignidad humana y el debido proceso, las autoridades locales a menudo exceden los límites establecidos. Esto deriva en una aplicación del Código desproporcionada y ajena al contexto social de los vendedores informales.