Reforma al sistema general de participaciones y la autonomía de las entidades territoriales indígenas

Abstract

El Acto Legislativo 03 de 2024 reformó los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, fortaleciendo la descentralización fiscal; esta reforma eleva progresivamente la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la Nación, pasando del 25 % en 2024 al 39,5 % en 2038. Con este cambio, el Sistema General de Participaciones (SGP), que es un fondo público que financia servicios clave cómo salud, educación, agua potable y saneamiento básico en departamentos, distritos y municipios, ahora amplía y diversifica sus beneficiarios. Lo más relevante para los pueblos indígenas es que el nuevo texto constitucional incluye expresamente a las entidades territoriales indígenas y los resguardos indígenas como sujetos del SGP. De esta manera, las comunidades indígenas pasan a gozar de recursos públicos directos para atender sus propios servicios básicos, un avance significativo hacia su autonomía administrativa y fiscal. La presente investigación adopta un enfoque socio-jurídico, analizando tanto el marco normativo como el impacto social de la reforma. Se revisan los antecedentes jurisprudenciales que han exigido reconocer la autonomía indígena y se examina la implementación práctica mediante el Decreto 488 de 2025, que reglamenta las competencias y la financiación de los Territorios Indígenas.