Protección de los adolescentes y niños infractores por parte de las instituciones estatales colombianas

Abstract

Uno de los temas prioritarios para la política pública en América Latina es la protección de los niños, niñas y adolescentes, en especial en contextos marcados por la violencia estructural y por una mayor desigualdad y falta de oportunidades. En Colombia, esta realidad tiene características particulares, contextualizada por el conflicto armado y por la escasa presencia institucional que puede favorecer una mayor participación de los menores de edad en el ámbito delictivo. El Estado colombiano ha hecho un esfuerzo en este sentido, creando un sistema integral para la protección de los derechos de quienes han cometido delitos, compuesto por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a partir de la Ley 1098 de 2006, el cual reconoce su estatus en formación, por lo que el tratamiento de las infracciones penales debe ser visto desde la perspectiva de lo educativo, restaurativo y de protección. Los medios socioeducativos de la libertad asistida, de servicio a la comunidad, de privación de libertad en un centro especializado, etc., permiten la resocialización y reintegración en la vida social. Sin embargo, surgen dificultades frente a su aplicación; sobrepoblación en los centros de atención, desinterés institucional y la falta de personal especializado y la débil articulación entre los distintos actores, donde la protección de los menores de edad atraviesa por la construcción de condiciones que garanticen la posibilidad de ser sujeto de proyectos de vida dignos y sostenibles, lejos de la violencia.