El resarcimiento como parte de la reparación de las víctimas de desaparición forzada

Abstract

El documento describe el resarcimiento como componente de la reparación debida a las víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado en Colombia. Para ello, desarrolla tres ejes: (i) la caracterización del fenómeno y su gravedad, apoyada en definiciones del derecho internacional y en hechos representativos; (ii) el marco constitucional, internacional y legal que soporta el deber estatal de reparar, junto con un caso paradigmático decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y (iii) algunas apreciaciones sobre el impacto del Acuerdo de Paz de 2016 en la búsqueda de la verdad y en la reparación, resaltando resultados y limitaciones. En cuanto al primer eje, se recoge la definición de desaparición forzada de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006), entendida como privación de la libertad seguida de la negativa a informar sobre la suerte o paradero de la víctima, cometida por el Estado o por personas que actúan con su autorización o colaboración. También se menciona su reconocimiento como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, cuando responde a un ataque sistemático contra población civil. En el contexto colombiano, se alude a antecedentes históricos (como la masacre de las bananeras de 1928) y a la intensificación del fenómeno con la expansión paramilitar a finales de los años ochenta e inicios de los noventa. El texto destaca cifras oficiales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que estiman alrededor de 100.000 casos de desaparición en el conflicto armado, y señala que en estos hechos se presentaron graves violaciones de derechos humanos (tortura, agresiones sexuales y afectaciones severas a la integridad). Para ilustrar la crueldad y el impacto en las familias, se presentan casos como el de los diecinueve (19) comerciantes desaparecidos el 7 de octubre de 1987, y el de Simón Efraín González (capturado por el Bloque Norte de las AUC, torturado, asesinado y sepultado como N.N.).

En el segundo eje, se expone el marco de reparación desde la Constitución Política de 1991, resaltando los derechos a la dignidad humana, la vida, la protección contra la desaparición forzada, y la obligación estatal de garantizar libertades y protección. Asimismo, se integra el bloque de constitucionalidad (artículo 93), con referencias a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), destacando derechos como vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales e indemnización. Bajo esta base, el texto subraya el fundamento del deber de responsabilidad patrimonial del Estado por daño antijurídico (artículo 90 constitucional) y la posibilidad de acudir al medio de control de reparación directa (artículo 140 de la Ley 1437 de 2011). Se menciona la noción de falla en el servicio (por retardo, omisión, ineficiencia o irregularidad) como una forma de atribución de responsabilidad estatal, asociada a deficiencias en la prestación del servicio de seguridad.

El documento enfatiza que, pese a este marco, en la práctica la reparación se ha caracterizado por falta de celeridad, ineficiencia y resultados insuficientes, lo que ha llevado a víctimas y familiares a acudir a instancias internacionales. Como ejemplo central, aborda el caso “19 Comerciantes vs. Colombia” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo trámite inició en enero de 2001 y culminó con sentencia condenatoria el 05 de julio de 2004. Según el texto, la Corte declaró responsable al Estado por su influencia y colaboración con los grupos paramilitares responsables de los hechos y por la vulneración de derechos a la vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales y reparación; además, encontró afectaciones a los familiares por decisiones adoptadas en la jurisdicción penal militar, considerada no competente (afectación al juez natural y al debido proceso), y por el incumplimiento del plazo razonable, sin que se hubiera esclarecido el paradero de los restos. Se resalta que para la fecha de la sentencia habían transcurrido más de 17 años desde los hechos sin una respuesta efectiva, y que la Corte dispuso reparaciones de carácter económico, judicial y simbólico.

En el tercer eje, se presentan consideraciones sobre el Acuerdo Final de Paz de 2016, del cual se destaca la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, orientado a reparar a las víctimas, reconstruir el tejido social y garantizar la no repetición. En este marco se resalta la creación de la UBPD como mecanismo humanitario de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y de restos, y la inclusión del Macrocaso 03 de la JEP (asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate presuntamente ejecutadas por agentes estatales). El texto reporta resultados de la UBPD a finales de 2024: 160 personas encontradas con vida y 941 cuerpos hallados, con 131 entregas a familiares. Sobre avances del Caso 03, se menciona que desde su apertura en 2018 se localizó y entregó el cuerpo de una víctima desaparecida desde 1982, y que más del 80% de comparecientes habrían aceptado responsabilidad; también se reseña el primer juicio de la JEP en 2024 contra el coronel Publio Hernán Mejía, remitido a la Unidad de Investigación y Acusación por no aceptar los hechos, y se subraya como reto la libertad condicionada de comparecientes mientras se adoptan sanciones. Finalmente, el documento sostiene que, aunque el Acuerdo de Paz prioriza verdad y reparación, persisten obstáculos relevantes para el resarcimiento, especialmente por la lentitud en los procesos y por la percepción de insuficiencia de ciertas sanciones. En ese sentido, se menciona que tras varios años desde la apertura del Macrocaso 03, el 18 de septiembre de 2025 se profirió la primera sentencia relacionada con hechos atribuidos al Batallón La Popa por desapariciones forzadas que afectaron a 135 personas en Cesar y La Guajira, imponiendo sanciones restaurativas (trabajos de infraestructura y cultura, y colaboración con comunidades), que según el texto han sido consideradas poco eficaces por víctimas para reparar el daño causado.