Análisis de la protección al Derecho a la Salud de los migrantes venezolanos en Colombia, desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, desde 2019 a 2024

Abstract

La investigación se centra en analizar la protección al derecho a la salud de los migrantes venezolanos en Colombia, desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en 2019 a 2024. Partiendo por abordar el marco contravencional, constitucional y legal aplicable en Colombia sobre la protección al derecho a la salud a los migrantes, destacándose pronunciamientos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificados por Colombia, que instan al Estado social de derecho a reconocer y garantizar el derecho a la vida, salud y dignidad humana, lineamientos que también fueron adoptados por el constituyente de 1991 y reconocidos jurisprudencialmente, entre estos por la Sentencia T-760 de 2008. Así las cosas, por mandato contravencional y constitucional, las personas provenientes de otros países, entre estos los migrantes venezolanos, que dada a la crisis de su país de origen llegaron de manera masiva a territorio colombiano, no pueden ser discriminadas en razón a su origen, por el contrario, deben ser protegidos y respetados en su dignidad y bienestar, garantizándoles condiciones adecuadas que les permita acceder a los servicios de seguridad social y salud eficientes, que respondan asertivamente a sus necesidades físicas y mentales. En dicho sentido, se describieron las principales sentencias expedidas por la Corte Constitucional en materia de protección al derecho a la salud de dicha población en Colombia, desde el 2019 hasta el 2024, entre estos las Sentencias T-300 y T-106 de 2022, T-145 de 2023, T-011 y T-166 de 2024, mediante los cuales se reconoció y garantizó el derecho a la salud de personas en condición de vulnerabilidad, como pacientes con enfermedades catastróficas, terminales, degenerativas, menores de edad y se hace especial énfasis en la necesidad de observar el enfoque de género en las directrices y políticas públicas ofertadas a los migrantes venezolanos, para finalmente realizar un análisis argumentativo y reflexión sobre los principales hallazgos encontrados en la investigación, en el que se destaca el criterio de la Corte Constitucional, como progresista, garante de principios y derechos fundamentales del Estado social de derecho.